Hoy alzamos la voz en nombre de las personas con discapacidad y sus familias.
Hacemos un llamado a toda la sociedad para que nos apoye en esta lucha,
porque una sociedad que no protege a sus miembros más vulnerables es una
sociedad que falla en su responsabilidad más básica.
La situación es crítica y exige respuestas urgentes.
En Andalucía, más de 550.000 personas con discapacidad dependen de los servicios que ofrecemos, que están bajo amenaza debido a la falta de una financiación adecuada y sostenible.
La disparidad entre los costes reales de funcionamiento y los recursos que se destinan a la financiación de los centros nos está llevando al límite de lo insostenible. Por eso, hoy decimos alto y claro: no podemos seguir así.
Exigimos:
– Al Gobierno Nacional que apruebe un Pacto de Estado para asegurar que todas las personas en situación de dependencia tengan los mismos derechos en los distintos territorios.
– A la Junta de Andalucía: un nuevo modelo de financiación que financie los servicios públicos que se nos encomienda.
Reivindicamos:
– Una financiación como solución a largo plazo que cubra los costes reales.
– Un pacto social y político por la discapacidad, que garantice la estabilidad de las entidades sociales y de los servicios y recursos que prestan.
LA DISCAPACIDAD NO ES UNA CUESTIÓN DE CARIDAD, SINO DE DERECHOS.
POR UNA FINANCIACIÓN JUSTA, POR UN COMPROMISO REAL Y POR EL RESPETO A LOS DERECHOS DE TODOS Y TODAS.
